Los acontecimientos en Oriente Medio
tienen a la comunidad internacional en estado de alerta. Irán entendió el
ataque del 1 de abril al consulado de Irán en Damasco como un golpe a su propio
territorio y una violación de su soberanía.
Tras varios días de amenazas, el
pasado 13 de abril y durante cinco horas, Irán empleó 300 proyectiles (170
drones, más de 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos) para atacar
territorio israelí, un 99 % de los cuales fueron interceptados.
Estos movimientos en el escenario
geopolítico pueden hacerse sentir en regiones geográficamente distantes como
Latinoamérica. Para interpretar este nuevo escenario, hay que entender cómo se
posiciona Irán actualmente en esta región.
Su aproximación con la región se
centra en crear lazos con Estados que puedan ser simpatizantes ideológicos. Lo
demuestra la relación con Cuba desde el fin de la primera guerra del Golfo, la
estrecha relación con Venezuela, la cercanía con la dictadura de Daniel Ortega
en Nicaragua y con Bolivia desde el mandato de Evo Morales.
Irán ha visto los cambios hacia la
izquierda en Latinoamérica como una oportunidad para adquirir nuevos socios
comerciales, aumentar su influencia en la región y hacerse un espacio cada vez
más importante en el patio trasero de Estados Unidos.
El actual ministro de Defensa iraní,
Mohammad Reza Ashtiani, destacó que “los países de América del Sur tienen un
lugar especial en la política exterior y de defensa de Irán debido a que se
ubican en una zona muy sensible”. En este sentido, podemos destacar dos países
clave: Bolivia y Venezuela.
BOLIVIA, ARGENTINA Y LA TRIPLE
FRONTERA
Bolivia representa el mayor éxito en
materia de política exterior iraní en latinoamericana. Las relaciones
diplomáticas entre estos dos Estados se remontan a 2007. Con menos de veinte
años de amistad, ambos firmaron en julio de 2023 un memorando de cooperación
bilateral de seguridad y defensa que puede suponer una amenaza para la
estabilidad en la región.
El acuerdo está dirigido a ayudar a
Bolivia en su lucha contra el narcotráfico y a apoyar al estado en la
vigilancia de sus fronteras. El pacto incluye la venta de material y
entrenamiento de personal militar. No obstante, los detalles del acuerdo no se
dieron a conocer por encontrarse protegidos por una cláusula de
confidencialidad.
El ministro de Defensa boliviano,
Edmundo Novillo, calificó a Irán como un ejemplo científico, tecnológico, de
seguridad y defensa “para las naciones que quieren ser libres”, a pesar de las
sanciones internacionales vigentes.
El acuerdo supone beneficios para
ambas partes. Bolivia recibirá armamento, mejorará sus capacidades de
ciberoperaciones y capacitación del personal de las fuerzas militares. Por su
parte, Irán contaría con acceso a los recursos naturales de Bolivia, entre los
que destaca el litio y el gas. También se situaría en una posición estratégica
en el corazón de América del Sur, donde su proxy, Hezbolá, tiene actividades en
la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) y relación con los distintos
carteles que operan en la región, según un informe del Wilson Center.
Este mismo informe señala que la zona
de la Triple Frontera ha sido durante décadas el centro de la actividad iraní y
de Hezbolá en América Latina, aprovechando las grandes comunidades libanesas y
chiítas de la diáspora. Según el fallecido fiscal especial argentino Alberto
Nisman, Hezbolá estableció su presencia en América Latina a mediados de los
años 1980, comenzando en la zona de la Triple Frontera, una región
relativamente sin ley.
ARGENTINA Y LA CAUSA AMIA
Dos días antes del ataque iraní a
Israel, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, el máximo tribunal
penal del país, condenó a Irán por los atentados sufridos en Argentina en 1992
contra la embajada de Israel en Buenos Aires y en 1994 contra la Asociación
Mutual Israelita de Argentina (AMIA). Este fallo acredita que los atentados,
ejecutados por el grupo terrorista Hezbolá, se cometieron a instancias del
gobierno de dicha teocracia.
Tras el juicio en ausencia, se
ratificó que aquellos atentados constituyen un delito de lesa humanidad. Ello
implica que los delitos cometidos son considerados imprescriptibles y la
sentencia describe a Irán como un Estado terrorista.
Una serie de eventos han dado lugar a
tres décadas de impunidad. Los escándalos que llevaron a prisión al juez y los
fiscales de la causa, la presentación de notificaciones rojas de Interpol
(Organización Internacional de Policía Criminal) contra cinco exfuncionarios
iraníes y la investigación contra dos exmandatarios, Carlos Menem (1989-99) y
Cristina Fernández de Kirchner (2007-15), torpedearon el proceso.
Estos hechos, así como la muerte en
extrañas circunstancias del fiscal especial para la causa AMIA, Alberto Nisman,
horas antes de presentar evidencias claves ante el Congreso en 2015, explican
la demora de la sentencia condenatoria a Irán.
BRASIL Y LA OPERACIÓN TRAPICHE
En noviembre de 2023, la policía
federal de Brasil en colaboración con el Mossad y el FBI llevó a cabo la
Operación Trapiche, que permitió la aprehensión de tres ciudadanos brasileños.
También se emitió orden de detención internacional contra Mohamad Khir Abdulmajid
(sirio) y Haissam Houssim Diab (libanés), acusados de reclutar para Hezbolá en
Brasil con fines terroristas.
La Operación Trapiche se llevó a cabo
en el marco del combate contra el contrabando de cigarrillos electrónicos en la
Triple Frontera. Las ganancias de este comercio fraudulento eran destinadas a
financiar actividades ilícitas del Componente de Asuntos Comerciales de la
Organización de Seguridad Exterior de Hezbolá.
Tras los acontecimientos en Medio
Oriente de las últimas dos semanas y el apoyo total de Argentina a Israel, la
ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, ha mostrado su preocupación
por la seguridad en la frontera con Bolivia y ha denunciado la presencia en
este país de 700 miembros iraníes de las fuerzas Quds, una división de la
Guardia Revolucionaria Islámica.
Bullrich considera que Argentina
podría ser objeto de represalias por parte de Irán. Las causas de este temor
incluyen el reciente fallo que condenó a Irán como Estado terrorista por la
causa AMIA y el anuncio por parte del presidente, Javier Milei, de la decisión
de trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén. Sin olvidar la
compra de 26 aviones F16 supersónicos a Dinamarca, así como la petición a la
OTAN de que sume a Argentina como “socio global de la organización.
VENEZUELA
Las relaciones bilaterales entre
Venezuela e Irán se han fortificado a través de una serie de acuerdos puestos
en marcha en los últimos años en respuesta a las sanciones económicas que
enfrentan ambos Estados.
Durante la visita del presidente
iraní, Ebrahim Raisi, a Caracas en junio de 2023 se firmaron 25 acuerdos
económicos por un valor aproximado de 3 OOO millones de dólares. Los detalles
no fueron revelados.
Un año antes, en junio de 2022, se
estableció un acuerdo de cooperación para los próximos 20 años que abarca los
sectores de la ciencia, la tecnología, la agricultura, el petróleo y el gas, la
petroquímica, el turismo y la cultura.
En el mismo año, Irán firmó un
contrato por 110 millones de euros para reparar y reactivar la refinería El
Palito, ubicada en el estado de Carabobo y cuya producción asciende a 146 000
barriles diarios. Así, a pesar de las duras sanciones económicas, la puesta en
marcha de "refinerías extraterritoriales” aumenta la dependencia de
Venezuela (también bajo sanciones económicas) del crudo y la experiencia
petrolífera iraní.
En lo que respecta al sector
armamentístico, mientras se firmaba el memorando de cooperación con Bolivia
llegaba a las costas venezolanas un carguero iraní fletado presuntamente para
entregar vehículos al régimen de Maduro.
Unos días después se exhibieron naves
de ataque rápido y misiles antibuque iraníes en las celebraciones del
bicentenario de la Armada Venezolana. Con ello, Irán ha hecho posible que
Venezuela se convierta en el primer país latinoamericano en contar con esta
tecnología.
A las puertas de las elecciones
presidenciales en Venezuela previstas para julio, el régimen iraní ha
respaldado la persecución e inhabilitación de los opositores del régimen de
Maduro en detrimento del Acuerdo de Barbados. En efecto, a Irán le interesa que
se mantenga el statu quo en Venezuela, cuyo régimen apoya públicamente a los
grupos terroristas vinculados con el régimen de los ayatolás.
En definitiva, el interés iraní por
el mantenimiento y establecimiento de estrechas relaciones de cooperación en
Latinoamérica busca crear lazos de dependencia con las naciones afines al
régimen.
Mientras la comunidad internacional
se encuentra en alerta por la situación en Medio Oriente, Irán, que ha ido ganando
terreno en la región a través de alianzas con aquellos gobiernos donde la
influencia de Estados Unidos no es deseada, observa atenta la toma de postura
de los países latinoamericanos.
María Gabriela Fajardo Mejía,
Doctoranda en derecho de la sociedad global, Universidad de Navarra y Mario
Martín Pereira Garmendia, Profesor Derecho Penal y de Seguridad Internacional,
Universidad de Navarra. Pamplona actual de España (https://acortar.link/3c8gLo)
EL SOCIALISMO DEL SIGLO 21 CONVIRTIÓ
A BOLIVIA EN LA BASE DE IRÁN CONTRA LAS AMÉRICAS
El régimen boliviano ha entregado el
control del litio y el uranio del país a China, Rusia e Irán
InFOBAE DE Argentina
(https://acortar.link/U2jCuT)
Con más de 300 presos políticos y sin
ningún elemento esencial de la democracia en vigencia, Bolivia es la “dictadura
invisible” o la “dictadura ignorada”, cuya tolerancia por las democracias trae
gravísimas consecuencias para la paz y seguridad internacionales. El régimen
boliviano es satélite del socialismo del siglo 21 o castrochavismo que bajo
mando de Cuba integra Venezuela, Nicaragua, que ha convertido a Bolivia en
narcoestado y en la base de Irán contra las Américas.
Por su posición geopolítica,
geoestratégica y sus recursos naturales, Bolivia es un objetivo temprano y
permanente de la dictadura de Cuba como operadora regional de la Unión
Soviética en el marco de la Guerra Fría, lo que llevó la invasión guerrillera
de 1967 que terminó con la muerte del Che Guevara.
La desestabilización y destrucción de
la democracia en Bolivia fue un proceso trasnacional dirigido y operado por el
hoy llamado socialismo del siglo 21 o castrochavismo, que con hechos históricos
que se van esclareciendo, incluyendo la participación del descubierto espía de
Cuba Manuel Rocha -que era el Embajador de Estados Unidos en Bolivia- con
violencia y alevosía, llevaron al poder al jefe de los productores de coca
ilegal y de cocaína Evo Morales, cuyos crímenes y procesamiento penal fueron
protegidos por el exitoso espía quien además impulsó su candidatura.
Desde el golpe de estado del 17 de
octubre de 2003, en más de dos décadas de la ruptura democrática en Bolivia han
suplantado la Constitución Política del Estado mediante una inconstitucional
“asamblea constituyente” que también suplantada sirvió de mascarón para que la
intervención castrochavista creara el “estado plurinacional” imponiendo el
sistema del “constitucionalismo dictatorial” de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El régimen de Evo Morales y Luis Arce
no es nacional boliviano, es entreguista y de alta traición a la Patria, se
trata de la expansión castrista “antiimperialista” del siglo pasado convertido
con Hugo Chávez en castrochavismo en el siglo XXI, que ha puesto a Bolivia al
servicio de las dictaduras, incluyendo su política exterior que responde al
rumbo e intereses de la dictadura de Cuba, la dictadura jefe a la que Morales,
Arce y todo su grupo deben la toma y permanencia en el poder.
La política exterior de la República
de Bolivia fue sustituida por el castrochavismo con la “defensa de la legalización
de las drogas” y la apertura e intensificación de “relaciones con dictaduras
antiimperialistas” o anti Estados Unidos como son China, Rusia, Irán, Corea del
Norte. Lo prueban el intercambio diplomático, propuestas y votaciones del
“estado plurinacional”.
En el marco de la “Primera Guerra
Global” que vive hoy la humanidad, Bolivia integra el grupo de las dictaduras.
Respalda a Rusia en la invasión a Ucrania, depende de China a la que adeuda
indeterminadas sumas cuya inversión no se puede justificar, y es la “Base de
Irán” porque es el “lugar donde se concentra personal y equipo para, partiendo
de él, organizar expediciones o campañas”. Por indicación del Cuba, el respaldo
a Irán ha incluido la ruptura de relaciones con Israel y el apoyo al terrorismo
internacional.
Bolivia en democracia NO tenía
relaciones con Irán, las impuso Cuba y las abrió Evo Morales el 8 de septiembre
de 2007. Desde entonces Bolivia es objeto de penetración religiosa, cultural,
económica y militar por parte de la dictadura teocrática de Irán que “incluye
el fortalecimiento de las redes de Hezbolá”.
Bolivia es la base en la que Irán ha
instalado la red de televisión “Abya Yala Televisión”; desarrollado
“cooperación científica y cultural” que incluye “inversiones empresariales”;
“presencia poderosa de representantes iraníes de las fuerzas revolucionarias”;
“Irán estableció un hospital cerca de La Paz, tiene presencia en las
universidades, así como una embajada desproporcionadamente grande”; en agosto
de 2016 junto con Nicaragua y Venezuela crearon la “Escuela Antiimperialista
del Alba”; en 2023 luego de la visita de Morales y Arce a Cuba se firmó el
“acuerdo de cooperación militar estratégico con detalles desconocidos por ser
secretos” pero “el gobierno e Bolivia admitió que el acuerdo con Irán incluye
drones, lanchas y ciberseguridad”, y más.
La dictadura de Bolivia puso en
marcha un proyecto nuclear en la ciudad de El Alto. El 29 de octubre de 2019
Morales anunció que “Irán ayudará a Bolivia con una planta nuclear”; la empresa
rusa Rosatom instaló “la vasija que albergará el propio reactor nuclear cuya
inauguración ha sido pospuesta para 2025″. El régimen boliviano ha entregado el
control del litio y el uranio del país a China, Rusia e Irán.
La identificación de extranjeros como
ciudadanos con pasaporte del estado plurinacional de Bolivia es parte de los
servicios de la dictadura satélite al sistema de crimen organizado
trasnacional, por ejemplo “como país del Mercosur los bolivianos tienen la
capacidad de ingresar y residir en la Argentina hasta dos años, sin necesidad
de acreditar ningún documento…”.
¿HAY PRESENCIA DE HEZBOLÁ EN CHILE Y
BOLIVIA?
Radio Bio Bioo de Chile
(https://acortar.link/9aNAIG)
El roce diplomático más reciente
entre Chile y Argentina ha quedado cerrado tras las disculpas pedidas por la
ministra transandina, Patricia Bulrich, ocupante del Ministerio de Seguridad.
Lo que dijo Bulrich ya había sido expuesto por el senador estadounidente Marco
Rubio, quien alarmó sobre la creciente presencia de Hezbolá en América Latina y
en Chile.
La más reciente fricción diplomática
del Ejecutivo de Javier Milei ha quedado cerrada con las disculpas pedidas por
la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich.
Previamente, Bullrich había aludido,
en varios medios de comunicación, a las “células” de Hezbolá en la Triple
Frontera de Brasil, Paraguay y Argentina, alertando de la presencia en Chile y
Bolivia de integrantes de la milicia chií libanesa apoyada por Irán.
Las palabras de Bullrich tenían un
claro precedente, ya que fueron pronunciadas pocos días después de que el
senador republicano Marco Rubio aludiera, ante la subcomisión de Relaciones
Exteriores estadounidense, a la creciente presencia de Hezbolá en América
Latina y, concretamente, en Chile.
¿Tienen fundamento las palabras del
senador Marco Rubio y de la ministra Patricia Bullrich?
“Presencia documentada”
El politólogo Emanuele Ottolenghi, de
la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington,
asegura que la presencia en ambos países latinoamericanos de Hezbolá, cuyo
brazo militar es considerado como organización terrorista por la Unión Europea
(UE), “está documentada”.
En el caso concreto de Chile,
Ottolenghi, experto en el conflicto árabe-israelí y sus repercusiones en
Latinoamérica, asegura que las redes de Hezbolá se nutren del creciente
narcotráfico que sufre el país sudamericano, una situación que Hezbolá podría
aprovechar “para actividades de blanqueo”.
“La presencia de Hezbolá en Chile ya
se mencionó hace 20 años, con las primeras sanciones estadounidenses contra
Hezbolá en América Latina. No es un problema reciente”, destaca Ottolenghi.
Comunidades chiítas libanesas en
América Latina
Danilo Gelman, experto en terrorismo
internacional del Latin American Jewish Congress, recuerda a DW que, en
Santiago, la capital chilena, “existen unos 100 musulmanes chiítas y se calcula
que hay más de mil en todo Chile, que dependen del sheik que vive en Buenos
Aires, quien tiene una relación directa con Irán, el principal enemigo de
Israel”.
“Las actividades terroristas y
subversivas de Hezbolá, y en parte de Irán, se basan en las comunidades chiítas
libanesas dispersas por el mundo. En América Latina, se concentran en
comunidades chiítas que viven en áreas de libre comercio: Triple Frontera,
Iquique en Chile, Isla Margarita en Venezuela, Panamá…”, enumera a DW Ely
Karmon, investigador principal del Instituto Contra el Terrorismo del Centro
Interdisciplinar de Herzliya, en Israel.
Precisamente en Iquique, según
Karmon, tenía actividades comerciales el grupo de Assad Ahmad Barakat, un
paraguayo de origen libanés, detenido en 2018, al que EE. UU. acusaba de tener
vínculos con Hezbolá, organización para la que recaudaba y lavaba dinero.
Bolivia: estrecha relación con Irán
En el caso boliviano, el experto
Ottolenghi recuerda que este país firmó, el año pasado, un acuerdo de
cooperación militar estratégico con Irán, con detalles desconocidos “por ser
secretos”.
“Y en Bolivia hay una historia de ya
casi dos décadas de existencia y fortalecimiento de las redes de Irán y de
Hezbolá, sobre todo con una presencia poderosa de representantes iraníes de las
fuerzas revolucionarias. Irán estableció un hospital cerca de La Paz, tiene
presencia en las universidades, así como una embajada desproporcionadamente
grande, por la importancia comercial y económica de la relación con Bolivia.
Eso indica, probablemente, la presencia de inteligencia”, presume Ottolenghi.
Juan Félix Marteau, director del
Centro sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la
Universidad de Buenos Aires, subraya también los lazos de Bolivia con Irán, que
han ido desde la cooperación científica y cultural, hasta cuestiones relativas
a la seguridad y el control fronterizo.
Por otro lado, Marteau advierte que,
“como país miembro del Mercosur, los bolivianos tienen la capacidad de ingresar
y residir en la Argentina hasta dos años, sin necesidad de acreditar ningún
documento. Es una muy buena estrategia de Irán penetrar a un actor afín, como
puede ser Bolivia, porque eso implica la capacidad de usar los activos
bolivianos para penetrar en la comunidad argentina y provocar todo tipo de
estragos: desde participación en marchas que organizan caos en Argentina, hasta
la propia realización de un atentado”, alerta.
¿Una amenaza remota?
Ante la escalada de la tensión en
Medio Oriente, ¿aumenta también el riesgo de ataques de Hezbolá en
Latinoamérica?
“La posibilidad existe”, sentencia
Emanuele Ottolenghi, quien explica que el riesgo en la región está vinculado a
tres elementos: “El primero, la existencia de una estructura de apoyo. El
segundo, la facilidad de entrada y salida de personas que proporciona la
porosidad de las fronteras, así como la debilidad de los controles y la
corrupción existente a todos los niveles de la administración pública en muchos
países de la región. Y el tercero, la falta de conocimiento de la amenaza que
existe en muchos Gobiernos de la región, que piensan que este tema es una
amenaza remota, que se queda en Oriente Medio”, enumera el experto.
Aparte de los graves atentados en
Buenos Aires, en 1992 y 1994, así como del derribo de un avión de Alas
Chiricanas en Panamá, también en 1994, Ottolenghi recuerda un historial de
incidentes recurrentes en la región: “Hubo en caso en Brasil en noviembre de
2023, otro en Colombia en 2021, cuando Irán encargó a dos sicarios colombianos
el asesinato de objetivos israelíes y estadounidenses en Bogotá. Además, se
produjo la detención de un agente iraní de las Fuerzas Al Quds en Perú, y el
descubrimiento de dos toneladas y media de nitrato de amonio en Bolivia,
vinculadas a Hezbolá”.
IRANÍES EN BOLIVIA: GENDARMERÍA TEME
LO PEOR Y TOMÓ ESTA DECISIÓN EN LA FRONTERA
Aumenta la tensión en la frontera
salteña, y Gendarmería responde de esta manera.
Que Pasa Salta de Argentina
(https://acortar.link/ORllwO)
La Ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, alertó sobre la presencia de ciudadanos iraníes en la región, lo que
llevó a un aumento significativo en los controles en la extensa frontera entre
Argentina y Bolivia. Gendarmería Nacional duplicó la presencia de efectivos,
móviles y logística para hacer frente a esta situación.
En esta región, los métodos
utilizados por contrabandistas y delincuentes son sofisticados. Se describen
escenas donde un simple portón de hierro, aparentemente inofensivo, se
convierte en un punto crucial para el tráfico ilegal de vehículos robados,
según informa ElTribuno. Estos vehículos, una vez cruzada la frontera hacia
Bolivia, se vuelven prácticamente inalcanzables para las autoridades
argentinas.
La crisis en Medio Oriente
intensificó estas preocupaciones. Bullrich mencionó la presencia de ciudadanos
iraníes en Bolivia, lo que genera un incremento en los controles de seguridad
en la frontera norte de Argentina. La región, permeable y difícil de controlar,
presenta desafíos logísticos significativos para las fuerzas de seguridad.
Los informes de inteligencia señalan
la posible presencia de miembros de grupos terroristas en la región. Se hace
mención específica a la Fuerza Quds, un brazo paramilitar de élite del Cuerpo
de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Esta situación llevó a un
aumento en la vigilancia y seguridad en la frontera.
La advertencia de Bullrich se enmarca
en un contexto global de preocupación por posibles atentados en países
alineados con Israel. Las medidas de seguridad se reforzaron para prevenir la
infiltración de individuos relacionados con grupos terroristas en el territorio
argentino.
HEZBOLLAH EN LA FRONTERA ARGENTINA:
LA SEGURIDAD NACIONAL EN RIESGO Y EL NARCOTERRORISMO
El destino del mundo tal como lo
conocemos parece pender de un hilo, y quién sostiene las tijeras en este
momento es el premier de Israel, Benjamín Netanyahu, y su Gabinete
El Ciudadano Web de Argentina
(https://acortar.link/SjzEKR)
Por primera vez desde 1991 Israel
recibe un ataque directo proveniente de otro país soberano. La noche del sábado
marcó un antes y un después en un conflicto armado que desde el 7 de octubre no
deja de escalar.
El destino del mundo tal como lo
conocemos parece pender de un hilo, y quién sostiene las tijeras en este
momento es el premier de Israel, Benjamín Netanyahu, y su Gabinete.
Una respuesta armada de parte suya
parece ser el camino de acción más racional, en contraposición a lo sugerido
por los Estados Unidos.
El objetivo Tel Aviv sería, en este
sentido, contrastar la ineficacia del ataque iraní con un contraataque ejemplar
que demuestre quien detenta el verdadero poder militar en la región.
Este desenlace parece ser el más
probable, aunque no se sabe exactamente cuando se desarrollará.
El ministro de Gabinete de Guerra se
expidió al respecto afirmando que Israel le “exigirá un precio (a Irán) en el
momento adecuado”.
Del otro lado del atlántico, a 12.200
kilómetros de distancia, la Argentina ha dado señales suficientes para
demostrar su afición con occidente en general y con Israel en particular.
El comunicado de prensa emitido el
sábado por la presidencia expresa su “solidaridad y compromiso inclaudicable”
con Tel Aviv.
No puede omitirse en este análisis al
fallo de la Cámara de Casación Penal sobre la causa AMIA, el pasado 11 de
abril, en la que el tribunal manifestó que Argentina sufrió un ataque de lesa
humanidad contra población civil perpetrado por Hezbollah con posible
colaboración del Estado de la República Islámica de Irán.
El cierre provisorio de las embajadas
argentinas en Irán, Líbano, Siria e Israel como medida de emergencia es
indicador del grado de involucramiento que la Argentina ha adquirido en
las últimas horas en la guerra de Medio
Oriente.
El presidente Milei suspendió su
viaje a Dinamarca para reunirse de emergencia con su gabinete y posteriormente
ordenó la creación de dos comités de crisis vinculados a la seguridad nacional
y la situación global.
En lo que respecta a la seguridad
nacional, no podemos omitir uno de los puntos de mayor vulnerabilidad en
nuestro territorio: la triple frontera.
La presencia de Hezbollah en
Sudamérica data de los años posteriores a la guerra del Líbano en 1982, cuando
la agrupación comenzó a enviar activistas a esta zona aprovechando la falta de
autoridad política sobre imperante.
La situación de anarquía en esta
región servía de refugio principal para recaudar fondos, lavar dinero, reclutar,
capacitar miembros y realizar planificaciones estratégicas a la sombra de
cualquier autoridad soberana.
Sin embargo, desde mediados del año
pasado, está cobrando relevancia la triple frontera que compartimos con
Paraguay y Bolivia, a la vera del río Pilcomayo.
En noviembre de 2023 el gobierno de
Luis Arce anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel meses
después de la firma de un memorando de entendimiento en materia de defensa y
seguridad con la República Islámica de Irán.
El acercamiento entre Bolivia e Irán
y la presencia de comunidades chiíes en la frontera cuenta con el siguiente
agravante: es de público conocimiento (a partir de los informes del Proyecto
Cassandra de 2016), que Hezbollah es parcialmente financiado por Irán, pero
autofinancia sus operaciones por medio del servicio de lavado de activos y
actividades ilícitas como el narcotráfico.
Actualmente, la cocaína que baja
desde Colombia atraviesa la sierra central de Perú hasta llegar a las cocinas
donde se depura en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
A partir de allí, los cargamentos
pueden atravesar la permeable frontera con Salta o dirigirse a Ciudad del Este
en dirección a Puerto Iguazú para llegar a su destino final antes de cruzar el
Océano Atlántico: Rosario.
A partir de aquí se abren diversas
hipótesis de investigación. Las vinculaciones directas entre el narcotráfico en
nuestro país y la presencia de células terroristas en las fronteras con
Bolivia, Paraguay y Brasil pueden ser la falange más lejana de un conflicto
internacional que late cada vez más cerca de los argentinos.
EE.UU. Y LA RECOLONIZACIÓN DE
LATINOAMÉRICA
Periódico Sierra Maestra de Cuba
(https://acortar.link/DWpDq4)
Información filtrada de la embajada
de Estados Unidos en Bolivia, sistematizada, ente otros, por el Centro de
Estudios Geopolíticos Multidisciplinarios (CEGM), da cuenta de un nuevo plan de
Estados Unidos para llevar adelante la recolonización de América Latina. ¿De
qué trata este plan? ¿por qué sería tan urgente esta recolonización?
Actualmente el mundo está viviendo la
transición de un mundo unipolar gobernado por Estados Unidos a un mundo
multipolar con diversos polos de desarrollo. En este contexto, el mayor peligro
para la hegemonía estadounidense es la alianza BRICS, conformada por: China,
India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y
Emiratos Árabes Unidos. De ahí la urgencia por retomar el «territorio perdido».
Según las proyecciones económicas,
para el año 2050 China e India ocuparán los dos primeros lugares como potencias
mundiales, desplazando al país del norte a un tercer lugar. El temor a que esto
se concrete hizo que, según el CEGM, Estados Unidos iniciara una serie de
«jugadas» para asegurarse mantener su lugar como potencia mundial. Estas son
algunas de las más evidentes:
Frenar el desarrollo del BRICS
mediante varias acciones: Impulsar la guerra en Ucrania entre Rusia y la OTAN;
apoyar la invasión israelí en Palestina para apropiarse de las rutas
comerciales chinas en el mar mediterráneo, la «Ruta de la Seda», y dividir
políticamente a América Latina.
Eso a un nivel macro, hilando más
fino, los objetivos del plan al que se denominó «Simón Bolívar» son evitar que
América Latina se empodere económicamente a través del comercio con dos
gigantes asiáticos: China e India.
El siguiente paso, que ya se estaría
ejecutando, es el aislar a países que no le son afines, es decir: Colombia,
Bolivia, Venezuela. Esto, favoreciendo a la oposición y amplificando disputas
entre países, con la colaboración de tres bastiones de apoyo estadounidense:
Perú, Ecuador y Argentina, maniobra que ya habría entrado en ejecución.
Específicamente en el caso de
Bolivia, la estrategia estaría enfocada en sus recursos naturales y en la
consolidación de un gobierno servil y de derecha, por esta razón Estados Unidos
tiene como prioridad la ruptura del MAS-IPSP buscando hacer que ese instrumento
desaparezca del escenario político.
Para conseguir que este hipotético
candidato llegue al poder en 2025, no solo se apoya la ruptura dentro del
MAS-IPSP, sino se busca a construir un «outsider», un candidato ajeno que aún
no aparece en las encuestas y que sería una opción de la derecha y la gran masa
de votantes indecisos.
En cuanto a los recursos naturales,
se pretendería tomar la reserva de litio más grande del mundo aprovechando y
fomentando el crecimiento de la crisis política, lo que devendría en una crisis
económica incrementada por la obstrucción de créditos por operadores en la
Asamblea. Y no sería solo el litio el recurso apetecido, sino también las
reservas de hierro, uranio y tierras raras. Esto no es algo imposible, pues
Bolivia se encuentra rodeada de bases militares estadounidenses. Las más
cercanas en la frontera entre Tarija y Argentina, donde tomó fuerza el Comando
Sur estadounidense.
Los operadores de todo este plan en
Bolivia son Debra Hevia, nueva encargada de negocios de EE.UU., una tecnócrata
que ya inició con programas de formación de liderazgos, y se reunió con
políticos de distintos partidos y organizaciones a lo largo del país. Asimismo,
estarían involucradas organizaciones a través de las cuales se financia el
plan: Fundación Nacional para la Democracia, el Instituto de Relaciones
Internacionales, la DEA, la Fundación Libertad y Democracia, dirigida por Tuto
Quiroga en Santa Cruz, la fundación Ríos de Pie, la Fundación Construir,
Comunidad Ciudadana, la Alianza Informativa Latinoamericana, Military Church
Support Group – Centurian Project (Fort Bragg), y la Unión Juvenil Cruceñista
apoyada por Zvonko Matkovic.
En cuanto a los políticos incluidos
como parte de estas acciones se cuenta a los alcaldes Manfred Reyes Villa y
Jhonny Fernández, y los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga. Dentro de la
Asamblea estarían involucradas Luisa Nayar y Andrea Barrientos y, de forma
externa, el empresario Samuel Doria Medina, quien fue candidato a la
presidencia en más de una ocasión.
Muchos de los sucesos detallados en
este plan están ocurriendo en este momento, lo que le daría más credibilidad a
la existencia y consolidación del mismo.
CHINA PUBLICA EL PRIMER ATLAS
GEOLÓGICO DE LA LUNA EN ALTA DEFINICIÓN DEJANDO ATRÁS A LOS MAPAS DE LA NASA
Los utilizados en las misiones Apolo
de Estados Unidos fueron construidos hace aproximadamente medio siglo.
Canal 26 de Argentina
(https://acortar.link/YCuldZ)
China apuesta a la innovación
constantemente y por este motivo publicó el primer atlas geológico de la Luna
en alta definición. Este material proporciona datos de mapeo básicos para el
futuro de la investigación y la exploración del satélite terráqueo.
La publicación está disponible en
chino e inglés y tiene una escala de 1:2,5 millones. Incluye un Atlas Geológico
del Globo Lunar y los Mapas Cuadrángulos del Atlas Geológico de la Luna, según
comunicó el Instituto de Geoquímica de la Academia China de Ciencias.
Primer atlas geológico de la Luna en
alta definición
"Este atlas es de gran
importancia para estudiar la evolución de la Luna, elegir el mejor lugar para
una futura estación de investigación lunar y emplear sus recursos. También
puede ayudarnos a comprender mejor la tierra y otros planetas del Sistema Solar
como Marte", dijo el científico y académico Ouyang Ziyuan, citado por la
agencia oficial Xinhua.
Mientras, el experto del Instituto de
Geoquímica Liu Jianzhong subrayó que los mapas geológicos de la Luna publicados
en la era de las misiones Apolo no fueron actualizados en medio siglo y siguen
siendo utilizados para la investigación en este campo.
"Con los avances en el estudio
geológico lunar, esos antiguos mapas ya no cubren las necesidades de las futuras
investigaciones y la exploración", agregó Liu.
En los últimos años, Pekín invirtió
fuertemente en su programa espacial y logró hitos como el alunizaje exitoso de
las citadas misiones lunares y la construcción de su propia estación espacial.
La
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a protagonizar un papelón
internacional. En un reportaje aseguró que existe presencia de agentes
terroristas iraníes en Bolivia y en el norte de Chile. Recibió una veloz
desmentida de los gobiernos de ambos paises. La cancillería boliviana advirtió
que está equivocada. El presidente de Chile, Gabriel Boric, remarcó que el país
trasandino "no ampara ningún grupo terrorista". Bullrich tuvo que
llamar a la ministra de Interior chilena, Carolina Tohá, para pedirle disculpas
y asegurarle que no intentó generar "miedo o alarma en Chile". En
cambio, con Bolivia no se comunicó.
La
ministra de Seguridad habló en exceso en una entrevista en la que estaba
remarcando que la posición argentina ante el conflicto entre Israel e Irán no
es de "pedir la paz" sino de apoyar a Israel en todas las represalias
bélicas que tome. En el medio de eso, Bullrich sostuvo que la Argentina
"está en una zona donde hay una presencia activa de dos fuerzas que son
aliadas, una directa a Irán, que son del Hezbollah, que está en la triple frontera
de Paraguay, Brasil y Argentina". Luego aseguró "también se ha visto
en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile, el año pasado
en San Pablo, Brasil, y hace unas pocas semanas en Perú y el año pasado se
detuvieron a dos personas de Hezbollah en la ciudad de San Pablo".
Y,
por último, Bullrich aseguró que en Bolivia “hay presencia de miembros iraníes
de las fuerzas Quds, una de las ramas armadas” y que el gobierno argentino está
viendo en las fronteras si ingresan "personas que no hablan español y que
tienen pasaportes bolivianos”.
Después
tuvo que aclarar: "No hemos visto entrar a ninguno de ellos pero es una
hipótesis que manejamos como una posibilidad”. Si no registraron ningún caso,
¿por qué mencionar pasaportes de Bolivia?
Conflicto
diplomático
Lo
mismo se deben haber preguntado en la Cancillería boliviana, que emitió un
comunicado de repudio a las declaraciones de Bullrich, a las que consideraron
“equivocadas y desaprensivas”. La Cancillería del país vecino anunció que le
pedirá explicaciones a la embajada argentina. “Desmentimos y rechazamos
enfáticamente que Bolivia proteja en sus fronteras a personas que siembren el
terror, la inseguridad y la zozobra. Estas acusaciones carecen de evidencia o
documentación y se realizan sin fundamento alguno”, plantearon. La Cancillería
boliviana pidió “no caer en estas provocaciones que solo buscan afectar las
relaciones de hermandad entre Estados y pueblos que comparten las mismas raíces
y un destino construido de manera colectiva para el Vivir Bien de los pueblos”.
A
Bolivia, le siguió Chile. Su presidente, Gabriel Boric, le pidió a Bullrich
"que sea responsable y no haga declaraciones al tun tun". De hecho,
el gobierno chileno emplazó mediante su representación diplomática a la
funcionaria argentina: “Si tiene antecedentes serios, que los entregue en las
instancias que corresponden a la Justicia y que se comunique a través de
Cancillería".
"Estas
declaraciones por la prensa al ‘tun tun’, a mí por lo menos no me parecen y
vamos a hacer llegar una nota de protesta también, mediante Cancillería. Acá yo
exijo respeto para con nuestro país", remarcó el presidente chileno.
"Chile no ampara a ningún grupo terrorista, ni en su territorio ni fuera,
y todos quienes comentan actos delictuales, actos ilícitos, en nuestro
territorio van a ser perseguidos, como hemos demostrado muy claramente",
remarcó el presidente Boric.
Disculpas
y papelón
Junto
con Bolic, la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina
Tohá, desmintió lo dicho por la funcionaria argentina. Luego la ministra chilena
contó que recibió una llamada de Bullrich para pedirle disculpas por sus
palabras que, aseguró, habían sido malinterpretadas.
El
Ministerio de Seguridad confirmó esto en un comunicado en el que planteó que la
llamada fue para "transmitir las disculpas con respecto a sus recientes
declaraciones sobre la presencia de Hezbollah en Iquique, Chile". "La
ministra aclaró que dichas declaraciones fueron realizadas en el contexto de un
análisis regional, dentro del marco de las responsabilidades inherentes a su
cargo, y no con la intención de generar miedo o alarma en Chile", dice el
texto del ministerio argentino. Las ministras quedaron en reunirse la semana
que viene. Página 12 de Argentina (https://acortar.link/7JfsJr)
CONFLICTO
ISRAEL - IRÁN: SALTA REALIZA UN FUERTE CONTROL EN LAS FRONTERAS CON BOLIVIA,
CHILE Y PARAGUAY
Marcelo
Domínguez, ministro de Seguridad y Justicia de Salta, expuso en Diputados el
Plan de Seguridad y Justicia 2024-2027.
El
Tribuno de Argentina (https://acortar.link/4a3521)
El
ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Ramón Domínguez, interiorizó a los
diputados sobre los lineamientos del Plan de Seguridad y Justicia 2024 – 2027,
las acciones que se realizan en provincia por medio del trabajo en red que
desarrolla la Policía Comunitaria en todas las jurisdicciones, los recursos con
los que se brinda el servicio de seguridad, detalles de la gestión en los últimos dos años y las acciones
conjuntas que se llevan adelante con Nación en la lucha contra las
organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
Dominguez
señaló que, por gestiones del Ministerio ante Nación la Provincia obtuvo el
proyecto de obra de la ampliación de la
Alcaidía General elaborado por el Plan Federal de Arquitectura Penitenciaria,
lo que representó un ahorro de más de un millón de dólares para Salta. La obra
se realizaría con capital privado. En igual sentido anticipó que la próxima
semana viajará a Buenos Aires para firmar un convenio por medio del cual se
obtendrá, sin costo, el proyecto de edificación de moderna cárcel que se
construiría en Metán.
El
Ministro se refirió también a los avances en materia de ciberseguridad,
formación policial y políticas penitenciarias que permitirán aminorar la
sobrepoblación carcelaria que registra la provincia.
Medidas
adoptadas por Salta ante el contexto internacional entre Irán e Israel
Los
legisladores realizaron diversas
consultas en la reunión plenaria y se refirieron a la necesidad de incrementar
el parque automotor policial. También plantearon inquietudes sobre las medidas
que adoptó Salta ante el contexto internacional entre Irán e Israel. Al
respecto, Marcelo Domínguez informó que las acciones se
coordinan con el Comité Nacional de Crisis, que convocó el Ministerio de
Seguridad de Nación con las provincias. Señaló que en Salta hay un intenso
trabajo preventivo y de control en la frontera con Bolivia, Chile y Paraguay.
También en infraestructuras vinculadas a la comunidad israelita.
“Argentina
es tradicionalmente un país que transmite
mensajes de paz mundial, que es un bien preciado, un derecho de tercera
generación reconocido en el constitucionalismo moderno” enfatizó.
Piden
un seguro para cubrir su eventual atención médica en Bolivia
DOCENTES
CRUZAN POR RUTAS EXTRANJERAS PARA LLEGAR A ESCUELAS ARGENTINAS
La
discusión por el acceso a la salud de migrantes en la Argentina se coló de
alguna manera en la solicitud de educadores que dan clases en zonas inhóspitas
en la frontera argentino-boliviana.
Página
12 de Argentina (https://acortar.link/sg8NtS)
Docentes
del Colegio Secundario Pluricurso con Itinerancia 5186, de Acambuco, en el
extremo norte de la provincia de Salta, se enfrentan a dificultades extremas
para llegar al establecimiento, ubicado muy cerca del Estado Plurinacional de
Bolivia. Sus opciones son cruzar a pie cuatro kilómetros de ríos y quebradas
con víveres y material didáctico a cuestas por la Argentina, o hacerlo por el
lecho de un río, con la ayuda del Ejército boliviano, para llegar a un punto a
cien metros del paraje donde está el Colegio.
La
travesía fue relatada a Salta/12 por el profesor Juan Carlos Aguilar, a
propósito de un proyecto de declaración presentado el martes último por el
diputado provincial por el departamento San Martín, Santiago Vargas. El Colegio
Secundario Pluricurso con Itinerancia 5186 está en este departamento, y el
legislador solicitó un seguro médico que cubra la eventual atención médica en
suelo boliviano de las y los docentes argentinos que se ven obligados a
transitar por el vecino país.
La
iniciativa legislativa pide al Ejecutivo provincial que instrumente “un sistema
de seguro de salud o cobertura médica (seguro del viajero), a fin de cubrir
sanitariamente a los docentes rurales que deben atravesar la ruta Yacuiba -
Bermejo para llegar al Colegio Secundario Pluricurso con Itinerancia 5186
Acambuco", y que ante la eventualidad de un siniestro vial "quedan
desprotegidos en atención médica". También pide que el gobierno tome medidas
para que se acondicionen "los medios de transportes para mayor
protección" de estas y estos docentes, y "gestione a través de la
Dirección de Vialidad Nacional las medidas necesarias para el acondicionamiento
de las rutas”.
“Cuando
las inclemencias del tiempo aparecen no tenemos transporte”, contó Aguilar.
Detalló que ante las continuas lluvias, el transporte los acerca “hasta un
punto estratégico que es El Alto, un camino ancho que usan las empresas”. Desde
ese lugar, una escuela dista cuatro kilómetros y otro, en Campo Largo, seis
kilómetros.
Ese
recorrido se puede hacer por territorio argentino, pero tiene dificultades
adicionales. “La particularidad es que se debe atravesar nueve veces una
quebrada, y las lluvias generaron un alud dejándola cada vez más ancha y más
profunda”, y consecuentemente los riesgos de atravesarla también crecieron,
detalló el docente.
Por
esta razón profesoras y profesores llegan a las escuelas por Bolivia. Viajan
desde Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín) hasta Yacuiba (ciudad
del país vecino), y desde esta ciudad toman un transporte que los deja en la
costa boliviana del río Itaú (que divide a ambos países), desde donde transitan
solo cien metros para llegar al paraje donde se encuentra el Colegio
Secundario.
Aguilar
indicó que a metros del punto donde se desciende para cruzar a Argentina hay un
Regimiento del Ejército de Bolivia. “Un día llegué de noche y por ahí el río
trae agua y está medio fuerte. Para evitar pasar riesgo pedí quedarme y me lo
permitieron, no sin antes ofrecerme que dos soldados me ayuden a cruzar”, contó
el docente.
Indicó
que si bien las autoridades educativas y las normativas que los rigen les
exigen transitar solo por suelo argentino, si tuvieran que medir las posibles
consecuencias deberían pedir permisos particulares y dejar de dar clases, algo
que como docentes ven contraproducente para la comunidad educativa. En caso de
sufrir aun accidente en Bolivia mientras cruzan, no tienen cobertura.
“Yo
cuando salgo de Tartagal hago conocer a los medios de comunicación local (el
diputado Vargas dijo que generalmente se usa el servicio de mensajería de Radio
Nacional) para avisar a la familia que estoy viajando por si sucede una
accidente automovilístico para tener idea de cómo actuar”.
Cuando
la reciprocidad es necesaria
Aguilar
se cruza constantemente con ciudadanos bolivianos en su traslado al paraje
donde lo esperan sus estudiantes argentinos. “Ellos están de acuerdo que
tengamos atención por cualquier accidente fortuito, o problema de salud que
tengamos, sin poner en discusión la parte económica”, afirmó. Y contó que una
de las cuestiones que genera algún resquemor es justamente la nueva condición
para la atención médica que el gobierno salteño dispuso por ley, de cobrar las
intervenciones programadas a personas extranjeras con residencia precaria o
transitoria.
“Hay
una unión cultural y tenemos usos y costumbres parecidos” entre Tarija (en
Bolivia), Salta y Jujuy, dijo el profesor. Y por ello entendió que es preciso
que las autoridades puedan ver el alcance de la solidaridad cuando se toman
decisiones políticas.
“Nosotros
seguimos atendiéndolos a todos los compatriotas argentinos sin discriminar a
nadie”, dijo por su parte Oscar Camacho, director técnico del Servicio
Departamental de Salud (SEDES), de Tarija, de donde depende Yacuiba y el sector
en el cual debieran atenderse los docentes nacionales ante cualquier
eventualidad en materia de salud.
Camacho
recordó ante este diario que el “convenio de reciprocidad entre Salta y Tarija
existe desde 2018 y no hay notificación de que haya quedado sin efecto”. Añadió
que no se cobra por ningún tipo de atención, sean urgencias o emergencias, o
sean consultas programadas.
Ante
situaciones que fueron ampliamente difundidas tras la muerte de un argentino
por falta de atención médica, o denuncias públicas sobre cobros en la atención
sanitaria, el director dijo que eso “no es lo que debe suceder”.
Como
mensaje final destacó: “Tenemos un dicho y es que para la salud no existen
fronteras, colores políticos o barreras, y debiera brindarse a quienes lo
necesiten”. En este marco afirmó que es preciso “ratificar una vez más este
convenio de reciprocidad entre los gobiernos de Salta y Tarija”.
EL
OBSERVATORIO DE TRANSPARENCIA LEGISLATIVA EN BOLIVIA ENTREGA EN LA APM UN
INFORME SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA EN EL PAÍS
El
estudio recoge ataques físicos y verbales a periodistas, así como medidas
judiciales y legislativas que impiden a los medios trabajar libremente.
Asociación
de la Prensa de Madrid, España (https://acortar.link/Emcojs)
El
presidente del Observatorio de Transparencia Legislativa de Bolivia, Israel
Mérida, ha presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) el informe
sobre la libertad de prensa en el país andino, en el periodo 2006-2023.
Mérida
hizo entrega del informe a la presidenta de la APM, María Rey, quien se
encontraba acompañada por el vicepresidente primero, Luis Ayllón, y expuso el
preocupante panorama al que se enfrentan los medios de comunicación y los
periodistas en Bolivia.
Actuaciones
atentatorias contra la libertad de prensa
El
informe realiza un recorrido exhaustivo por las actuaciones atentatorias contra
la libertad de prensa en Bolivia durante los Gobiernos de Evo Morales, Jeanine
Áñez y el actual de Luis Arce. Esas actuaciones van desde agresiones verbales y
ataques físicos a periodistas hasta la adopción de medidas judiciales y
legislativas que impiden a los medios de comunicación trabajar libremente y restringen
la libertad de expresión de los periodistas.
En
la reunión con los directivos de la APM, se acordó facilitar la difusión del
informe en España y establecer acuerdos de cooperación para que se conozca la
realidad que vive Bolivia en materia de libertad de información.
La
precariedad, el sectarismo y la desinformación, principales amenazas a la
libertad de prensa
Con
motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y dentro del marco de
colaboración abierto por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y el
Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ambas instituciones celebraron
el 3 de mayo la Jornada APM-ICAM "Unidos por la libertad de prensa"
en el patio de la Biblioteca del ICAM.
El
acto se dividió en dos sesiones, una matinal y otra vespertina. Por la tarde se
celebró la tercera edición del Coloquio APM “Expresión de Libertad”, moderado
por María Rey. La vicepresidenta primera de la APM introdujo el principal tema
que se abordó en el debate: el retroceso de la libertad de expresión y de prensa
en el mundo y sus posibles causas.
Sobre
ello debatieron tres relevantes personalidades del periodismo español: Pedro J.
Ramírez, director de El Español; Nativel Preciado, periodista, escritora y
analista política en varios programas televisivos y Juan Luis Cebrián,
periodista, miembro de la Real Academia Española, expresidente de Prisa y
presidente de honor y primer director de El País. Los tres ponentes
coincidieron en que la precariedad, el sectarismo y la desinformación se
encuentran entre las principales amenazas a la libertad de prensa en España.
Para
Nativel Preciado, la precariedad laboral es uno de los principales escollos a
la hora de ejercer este derecho. "Es mucho mayor que hace veinte años,
sobre todo en los casos de los periodistas que se juegan la vida en guerras y
situaciones de conflicto”.
La
gran responsabilidad de Google y los retos tecnológicos
El
director de El Español se mostró sin embargo más optimista sobre el panorama de
la profesión: “Es peor que hace veinte años, pero mejor que hace diez”, afirmó.
E introdujo un factor “fundamental” para el futuro del periodismo: Google, del
que dijo que tiene una gran responsabilidad en este asunto. “Dependerá de si
fomenta el periodismo riguroso, profesional o favorece las noticias extremistas,
la polarización y las fake news. Google no debe ser una caja negra con la que
nos topamos cada vez que cambia el algoritmo”, señaló.
Cebrián,
por su parte, fue más contundente en sus conclusiones: “Desde hace quince años,
los periódicos son literalmente zombis, la prensa clásica está muerta”. Abordó
el cambio de civilización en el que estamos inmersos: “La democracia liberal
está amenazada, hay muchos países sin democracia, y en los que la hay está en
peligro, porque no sabemos organizar este caos que ha generado internet”,
explicó. Y recalcó las grandes dificultades que conllevan la transformación
digital de los medios tradicionales, pues, a su juicio, son dos mundos
diversos. “La precariedad va a seguir, porque están arruinados, quebrados y sin
perspectivas”, remató.
En
lo que sí coincidieron también fue en que siempre serán necesarios periodistas
que expliquen la cada vez más compleja realidad. “Tiene que haber una profesión
que sea capaz de diferenciar las mentiras de las verdades, la realidad de la
ficción -afirmó Nativel Preciado-, pero hay que luchar contra tres elementos:
el sectarismo, la precariedad y el desprestigio del periodismo”. “La
complejidad de todo lo que está sucediendo hace que nuestro papel sea más
necesario que nunca”, corroboró Pedro J. Ramírez.
ELECCIONES
JUDICIALES EN BOLIVIA AL FILO DE LA NAVAJA
Prensa
Latina de Cuba (https://acortar.link/Cg91cf)
El
proceso de preselección de postulantes a candidatos en las elecciones
judiciales de Bolivia se encuentra hoy en receso (“cuarto intermedio”) hasta
que se conozca el fallo sobre recurso de amparo presentados por dos candidatos
inhabilitados.
“Declaramos
cuarto intermedio hasta nuevo aviso”, informó el presidente de la Comisión
Mixta de Constitución, el senador Miguel Rejas.
El
titular brindó esa información al final de una prolongada sesión donde se
conoció la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional Tercera del
Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en favor de la candidata
inhabilitada Margarita Medrano Mayta.
La
decisión judicial paralizó el proceso de preselección en el Legislativo, que se
encuentra en la fase de exámenes orales.
Según
se informó, la audiencia de Medrano Mayta para resolver el amparo presentado
por vulneración de sus derechos, está fijada para el lunes 22 del mes en curso.
Rejas
declaró ante la prensa que no lo habían notificado oficialmente y que el
trabajo de la Comisión debía continuar.
Sin
embargo, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de
Diputados, Juan José Jauregui, informó que Rejas y el presidente de la Comisión
Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, fueron notificados vía WhatsApp, lo
cual en su opinión “es válido en este tipo de procesos”.
Este
martes también se conoció de otro recurso presentado por el candidato
inhabilitado Herculiano Capusiri Casana.
La
Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada
por los vocales René Delgado Ecos y Alexis Angles Mercado ordenó paralizar el
proceso hasta tanto se pronuncie sobre la demanda, según reveló la red de
televisión DTV.
Igualmente,
se determinó que las mil 500 preguntas entregadas a la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) por universidades, colegios de abogados y las escuelas de
jueces para las pruebas orales a los postulantes sean custodiadas en un salón
del antiguo edificio de ese órgano legislativo.
Una
notaría de fe pública realizó el registro de la caja con las preguntas y
respuestas, según se informó.
De
acuerdo con la normativa, todo el proceso de preselección en la ALP será en 80
días como máximo, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene como tope 150
días para realizar todo el proceso eleccionario, o sea, existe un límite de 230
días para tener nuevas autoridades judiciales.
La
situación creada con estos amparos recuerda la crisis generada por otro que en
septiembre del año pasado fue remitido al Tribunal Constitucional
Plurinacional, y este demoró 89 días en emitir un fallo, lo cual frustró todo
el proceso que debía cumplir en ese plazo la ALP.
Finalmente,
el TCP se autoprorrogó mediante una normativa, pese a que su mandato
constitucional concluía el 31 de diciembre.
PARAGUAY
Y BOLIVIA RESALTAN QUE RUTA BIOCEÁNICA SERÁ UN PUENTE ESTRATÉGICO PARA COMERCIO
REGIONAL
Portal
Portuario de Chile (https://acortar.link/4NOTLO)
La
Ruta Bioceánica del Eje de Capricornio se perfila como una arteria vital para
el comercio sudamericano. Este corredor comercial es el resultado de una
alianza estratégica entre los gobiernos departamentales de Santa Cruz, Bolivia,
y Alto Paraguay, Paraguay.
La
referida ruta promete mover un promedio de 19 millones de toneladas de carga al
año mediante 1.2 millones de camiones, generando ingresos estimados en USD
187.756.302 para la región cruceña.
Se
trata del resultado de una alianza estratégica entre los gobiernos
departamentales de Santa Cruz, Bolivia, y Alto Paraguay, Paraguay, ofreciendo a
los productores bolivianos un acceso directo a los mercados internacionales a
través de la hidrovía Paraguay-Paraná y la Ruta Bioceánica.
El
gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, destacó la importancia de esta
colaboración, que convierte a su región en un socio clave para la exportación
de productos cruceños, especialmente soya y minerales. 2Con este convenio,
estamos abriendo una ruta de acceso hasta Hito VII y desde allí hasta Alto
Paraguay, facilitando así la exportación”, afirmó.
Los
proyectos acordados entre las autoridades de Beni y Santa Cruz no solo
fortalecerán el comercio, sino que también tendrán un impacto en el empleo, con
la creación de 45.000 puestos de trabajo directos e indirectos y la
dinamización de 3.8 millones de hectáreas de territorio productivo cruceño.
Mario
Aguilera, gobernador en suplencia de Santa Cruz, resaltó que la ruta generará
ingresos anuales de sus 186 millones y permitirá a los transportistas ahorrar
17 horas en su camino a los puertos paraguayos, optimizando así los
rendimientos económicos.
La
ruta paraguaya, que se extiende desde Capitán Carmelo Peralta hasta Pozo Hondo
en la frontera con Argentina, atraviesa el Chaco paraguayo y mide 532
kilómetros de longitud.
La
hidrovía, por su parte, es un corredor fluvial natural de más de 3.400 kilómetros,
permitiendo la navegación continua entre los puertos de cinco países:
Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
José
Luis Farah, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), ve el
acuerdo como un compromiso no solo regional sino paraguayo, facilitando la
salida de la carga boliviana a puertos cercanos. “Esto representa un avance
significativo para el continente, ya que tanto Bolivia como Paraguay son
grandes productores agrícolas”, señaló.
En
términos de producción, Santa Cruz reportó el año pasado una cosecha de 5.8
millones de toneladas de granos, un aumento del 29% en comparación con 2022.
Sin embargo, la sequía actual ha provocado pérdidas de USD 300 millones en
plantaciones de soya, resaltando la urgencia de adoptar biotecnología para
mitigar los efectos climáticos adversos.
Este
desarrollo promete no solo fortalecer la economía local, sino también
consolidar la identidad y cultura compartidas entre las regiones, marcando un
nuevo capítulo en la historia del comercio sudamericano.
A
UN AÑO DEL CASO DEL “PADRE PICA”: ¿EN QUÉ QUEDÓ LA CRISIS DE ABUSOS EN BOLIVIA?
ACI
Prensa (https://acortar.link/0Brzu2)
Cerca
de cumplirse un año de la publicación —el 30 de abril de 2023— del reportaje
“Diario de un cura pederasta”, por el diario El País de España, que relata los
abusos cometidos en Bolivia por el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas,
miembro de la Compañía de Jesús (Jesuitas), repasamos lo sucedido con
testimonios de diferentes actores involucrados en el caso y enumeramos los avances
de las investigaciones que se llevan en contra de éste y otros sacerdotes.
Para
ahondar en el caso Pedrajas, dos periodistas de ACI Prensa viajaron en octubre
de 2023 a La Paz, Cochabamba y Sucre, en Bolivia, donde entrevistaron a
exalumnos de Pedrajas, así como autoridades civiles, de los Jesuitas y del
Episcopado boliviano.
Pedrajas,
mejor conocido como “Padre Pica”, llegó a Sudamérica a comienzos de la década
de los ‘60 como parte de su proceso de formación en la Compañía de Jesús.
Durante 10 años vivió en Perú y Ecuador, donde cometió sus primeros abusos, aún
como seminarista. En 1971 se radicó definitivamente en Bolivia.
Allí
la Compañía de Jesús lo nombró subdirector del Instituto Juan XXIII, un
internado cuya misión era formar a los alumnos más preparados del país, con una
predilección especial por aquellos sumidos en realidades de gran pobreza. Tres
años más tarde, el Padre Pica se convertiría en el director del colegio, donde
habría abusado sexualmente de más de 80 menores de edad durante casi 30 años.
Desde
que se suscitó el escándalo, tanto la Compañía de Jesús en Bolivia, como la
Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), llevaron adelante acciones para
colaborar con la justicia y recopilar denuncias. También se impulsaron varias
iniciativas para garantizar la escucha y el acompañamiento a las víctimas.
En
ese marco, comenzaron a surgir demandas que involucran a varios sacerdotes
jesuitas por abusos cometidos décadas atrás, e incluso una denuncia colectiva
introducida por un grupo de exalumnos del Instituto Juan XXIII contra el actual
provincial de la Compañía de Jesús en el país, el P. Bernardo Mercado.
La
Justicia civil puso en marcha una investigación que involucra a varios
sacerdotes que se desempeñaban como superiores en el momento en que fueron
cometidos los abusos. En ese contexto, varios de ellos fueron separados de sus
cargos hasta que se esclarezca la situación.
En
marzo de 2024, la Justicia en Bolivia dictó prisión domiciliaria de manera
preventiva a los sacerdotes jesuitas españoles Marcos Recolons (81) y Ramón
Alaix (83), acusados de presunto encubrimiento de los abusos cometidos por
Pedrajas. Ambos se desempeñaban como supervisores en el Internado Juan XXIII, y
aparecen nombrados en el diario del fallecido jesuita.
El
dolor de las víctimas
Exalumnos
de Alfonso Pedrajas aseguraron a ACI Prensa que “era un sociópata y un muy mal
sacerdote”, que abusaba de su posición de poder para cometer atrocidades con
total impunidad. En Cochabamba, donde funcionaba el internado, uno de los
egresados informó de primera mano sobre el estatus actual de las denuncias.
Wilder
Flores, integrante del directorio ampliado de la asociación de antiguos alumnos
del Colegio Juan XXIII, donde se habrían producido más de un centenar de abusos
cometidos por jesuitas, aseguró que “escuchar los testimonios [de las víctimas]
realmente es desgarrador”.
El
exalumno denunció que lo que se vivió en esta institución educativa “ha sido
terriblemente criminal; era sistemático: hay casos desde tocamientos y
vejaciones, hasta torturas”. Y enfatizó: “No estamos hablando de cualquier
cosa”, refiriéndose al dolor y al trauma que quedaron impresos en las vidas de
las víctimas.
Flores
detalló que sobre el Internado Juan XXIII tienen registrados unos 187 casos de
abusos que habrían sido cometidos por cuatro sacerdotes jesuitas: Alfonso
Pedrajas, Francesc Peris, Carlos Villamil y Francisco Pifarré. Este último vive
todavía y, de acuerdo a un comunicado de la Compañía de Jesús, se presentó a la
fiscalía de Santa Cruz alegando su inocencia.
Además,
acotó que 31 de las presuntas víctimas “están dispuestas a dar su testimonio y
han dado un poder” al abogado de la asociación para el proceso legal. En la
actualidad, las instalaciones del antiguo internado funcionan como una obra de
la fundación Fe y Alegría, también a cargo de Jesuitas, al que ACI Prensa tuvo
acceso.
El
representante de los exalumnos aseguró que los Jesuitas no se han acercado a
ellos directamente, porque los religiosos han apelado a la opinión pública y
han abierto sus canales de escucha para denuncias de abusos. Además, denuncia
también que existe mucha gente que ha sido convencida por la Orden con favores
y trabajos.
Flores
enfatizó que actualmente hacer una denuncia en contra de un sacerdote fallecido
“no vale la pena, porque legalmente eso va a quedar en la nada”. “¿A quién van
a imputar? No tiene sentido y eso es lo que los Jesuitas han estado impulsando:
denuncian al muerto y a los vivos los defienden a capa y espada”, señaló.
En
este sentido, precisó que la asociación de exalumnos considera que la Compañía
de Jesús debe asumir una responsabilidad institucional, dando a entender que
los Jesuitas habrían conocido el proceder del Padre Pica gracias a sus
mecanismos de comunicación interna. De acuerdo a Flores, el mismo Pedrajas
reconoció que contó varias veces a sus superiores lo que hacía.
“Y
ante eso, el no haber hecho nada es negligencia, es un delito por omisión.
Estamos hablando de abusos sistemáticos durante muchos años y si en su momento
se hubiese parado, se hubiesen evitado un montón de víctimas”, resaltó.
De
acuerdo a los testimonios de exalumnos brindados a ACI Prensa, en la asociación
se encuentran divididos en dos facciones: hay quienes desean una reparación
económica, y otros que no. Incluso desde un bando acusan al otro de ser
personas “fanatizadas”, que sólo buscarían hacerle daño a la Iglesia.
Según
Flores, no exigen remuneración económica, pero aseguran que esa debería ser una
responsabilidad civil que deben asumir los Jesuitas y la Iglesia Católica.
Además, afirma que sólo desean que se esclarezca la verdad.
Por
lo tanto, el vocero de los exalumnos reiteró su pedido a la Compañía de Jesús
de que asuma su responsabilidad institucional ante los abusos, porque no serían
delitos Intuitu personæ (de manera personal). “Todos estos hechos en conjunto
constituyen ya no un delito común, estamos hablando de un delito de lesa
humanidad y eso no prescribe”, puntualizó.
La
respuesta de la Compañía de Jesús
El
encargado de comunicaciones de los Jesuitas en Bolivia, P. Sergio Montes
Rondón, también se refirió a la situación actual de los casos. Además de las
investigaciones que se llevan en contra de los cuatro sacerdotes del instituto
Juan XXIII, el P. Montes indicó a ACI Prensa que la Compañía ha recibido
denuncias en contra del P. Luis María Roma, el P. Jorge Vila Despujol, el P.
Antonio Gausset Capdevila y el P. Antonio Mestre Descals. Todos ellos ya
fallecieron.
Además,
el P. Montes se pronunció sobre “una nueva acusación” por parte del grupo de
exalumnos del colegio Juan XXIII, “en la que usan una figura que no alude tanto
al encubrimiento, sino que más bien califica de 'autor por omisión'” al P.
Bernardo Mercado, superior de la Compañia de Jesús en Bolivia.
“¿Cómo
puede ser autor y cómo puede no haber ofrecido garantías y no haber ayudado a
que se evite el hecho, cuando ni era provincial, y en algunos de los casos ni
había nacido?”, cuestionó, apuntando a
la complejidad del caso y las responsabilidades.
Como
parte del proceso, ocho jesuitas que se desempeñaban como provinciales en la
época en la que supuestamente se cometieron los abusos fueron separados de sus
cargos mientras se desarrolla la investigación. Actualmente, residen en la
comunidad Nuestra Señora de la Esperanza, en Cochabamba. “Por cuidado a la
imagen de las personas” el P. Montes prefirió no dar sus nombres.
En
aras de garantizar la transparencia en los procesos de la investigación, el P.
Montes no consideró conveniente, por ahora, que se promueva el diálogo con los
exalumnos del colegio Juan XXIII. El sacerdote argumentó que “hay unos procesos
de investigación en curso” que “no se pueden contaminar, por ahora, con otro
tipo de acciones, mientras no haya un paso más”.
Según
el sacerdote, para la Compañía de Jesús “lo más importante de esta situación
son las víctimas”, por eso, sobre ellas llevan adelante una línea “de justicia
integral”.
“Una
cosa son las víctimas y otra cosa es una representación de las víctimas, que
puede tener otras motivaciones”, advirtió, considerando que “la situación se ha
ido mezclando con otros intereses de otros sectores”, y “se la está utilizando
políticamente como bandera para los intereses de sectores o grupos políticos”
que actúan en función del gobierno.
El
jesuita cuestionó: “¿Qué apoyo están recibiendo las víctimas, además de lo
legal, para su situación, desde las instancias que están protagonizando su
representación, su defensa, etcétera?”.
Dirigiéndose
a las víctimas, garantizó: “Nuestra solidaridad no es una solidaridad teórica;
nuestra empatía no es una puesta en escena, ni una forma de quedar bien. Es que
nos duele [...] nos duele porque el cuerpo de Cristo ha sido dañado”.
En
un contexto de dolor y sin respuestas definitivas para las víctimas de
Pedrajas, el P. Montes dijo que para el fallecido abusador sexual se debe tener
una mirada “de justicia, pero también una mirada de misericordia”, considerando
que “más allá del sacerdocio, la vocación primera es la vocación humana”.
“Es
lamentable, triste y la Compañía de Jesús está dolida por lo que hizo uno de
sus hijos. Qué pena que no se le pudo ayudar en los momentos en los que tal vez
se podía hacer algo”, lamentó. Y aunque la misericordia “en absoluto” supone
una disculpa a las acciones del Padre Pica, llamó a rezar incluso por personas
como Pedrajas, que han podido hacer mucho mal a mucha gente.
“Lo
que pasó no lo vamos a cambiar, pero lastimosamente, cuando no estamos a tono
empáticamente con las personas, podemos no ser realmente agentes de
reconciliación, de salvación y de bien”.
“Eso
no puede mantenernos indiferentes, dejarnos en la indiferencia. Y con la
seguridad de que así como estamos actuando para transparentar todo y para que
estas cosas se aclaren, queremos comunicarles y decirles que a todas las
víctimas la compañía las va a atender en lo que se tenga que hacer para darles
justicia integral”, expresó el P. Montes.
La
respuesta del Episcopado boliviano a la crisis
Sobre
ese pasado convulso también habló con ACI Prensa el P. Diego Plá, Secretario
General Adjunto de la CEB, quien recordó que la gran mayoría de los casos de
abuso en la Iglesia de los que se habla hoy, se cometieron en el siglo anterior.
“La realidad de los abusos [eclesiales] en 2023 es prácticamente
insignificante, nosotros estamos tranquilos”, indicó.
El
P. Plá fue muy enfático en que “más allá de ese 3% del total [de sacerdotes]
que representan los abusos eclesiales”, en Bolivia se vive una situación
dramática a nivel social en temas de maltrato y abusos a menores. Afirmó que
“eso parece que no nos interesa, siempre nos interesa más el tema eclesial”.
Sin
embargo, el sacerdote de origen español indica no querer justificar a los
agresores: “Son criminales”, sentenció. También criticó el accionar de la
Iglesia en aquellos tiempos cada vez que se recibían denuncias en contra de
algún clérigo, señalando que “se ha tenido que aprender de ese mal proceder”.
“Cuando
se agarraba a un sacerdote se le movía de un lado a otro pensando que se iba a
sanar. Evidentemente no. No fue un proceder adecuado”, y explicó que ahora,
cuando se recibe una denuncia en contra de algún clérigo, se formaliza ante la
justicia civil y canónica, e incluso los ordinarios se involucran. “Antes,
desgraciadamente muchas veces, los Obispos lo ocultaban”, señaló.
De
forma similar al P. Sergio Montes, el Secretario General Adjunto de la CEB,
considera importante tener gestos de misericordia para con esos “criminales”.
Manifiesta que uno de los principios básicos del cristianismo es el de “no
juzgar”, que aplica especialmente en estos casos porque se desconoce el
sufrimiento particular de los victimarios: “Está demostrado que muchos
abusadores han sido abusados también”, puntualizó.
También
calificó de “admirable” la respuesta de la Compañía de Jesús al escándalo de
los abusos, remarcando que han sido claros y transparentes a lo largo de estos
meses. Este sentir es muy poco compartido por gran parte de los exalumnos del
internado Juan XXIII. El sacerdote también critica que el tema de los abusos
eclesiales en Bolivia se juzgue “desde el lente del 'Caso Pedrajas'”, y hace un
llamado a abordar la situación desde la amplitud que amerita.
Aún
así, es evidente que el caso del jesuita Pedrajas y todo el vendaval que desató
en el país sudamericano también sacudió a la CEB hasta sus cimientos. Desde
mayo, la institución se movilizó para crear cinco comisiones nacionales con el
objetivo de atender a las víctimas; “pedir perdón como Iglesia”, en palabras
del Secretario General Adjunto; e investigar y prevenir los casos de abuso.
Aunque
el P. Plá afirma que “están lloviendo denuncias” en el Episcopado, la realidad
es que desde que se habilitaron los canales de atención a posibles víctimas
(una línea gratuita, una línea de WhatsApp, un correo eléctrico y un formulario
digital), la Comisión Nacional de Escucha de la CEB sólo ha recibido 7 casos: 3
de ellos por abuso sexual y los demás por consumo de alcohol y abuso de poder.
Todas las denuncias datan de hace más de 20 años.
Desde
su creación en junio de 2023, la Comisión Nacional de Escucha de la Conferencia
Episcopal Boliviana, cuya tarea es recibir y acompañar a las posibles víctimas
de abusos dentro de la Iglesia, realiza reuniones bimestrales de las que
participan delegados de las 18 jurisdicciones eclesiásticas del país. Durante su
último encuentro, en febrero de 2024, se pudo conocer cómo está implementando
cada diócesis los Protocolos de Actuación en lo vinculado a las denuncias.
“El
sistema judicial boliviano es francamente deplorable”, dijo a ACI Prensa Susana
Inch, abogada titular de la CEB y responsable de la Comisión Nacional de
Investigación. Inch hace una diferenciación clara de los tres escenarios en
donde se desenvuelven los casos de abuso en el país: el derecho penal, el
derecho canónico y el seguimiento legislativo.
Sobre
el derecho penal, la abogada señaló que se caracteriza por una “marcada
inestabilidad y por modificaciones constantes de la norma, no precisamente
basadas en la legalidad”. Inch criticó el proceder del Estado boliviano, que ha
respondido a la coyuntura de los abusos “con acciones excesivas, detenciones
forzadas y acusaciones sin fundamento”.
En
materia de derecho canónico, Inch lamentó la escasez de abogados canonistas en
Bolivia, una realidad que considera determinante porque les presenta a los
obispos “un desafío enorme a la hora de atender denuncias por temas de abuso
sexual, porque no hay gente preparada”.
Desde
un punto de vista meramente jurídico, la inmensa mayoría de los casos de abuso
sexual en ambientes eclesiales de los que se tiene conocimiento actualmente en
Bolivia ya prescribieron por su antigüedad. La abogada explica que el Código
Penal boliviano no prevé sanciones para estos casos y que fue apenas en 2021
cuando se aprobó la responsabilidad penal de las instituciones de las personas
jurídicas, por lo que organizaciones como la Compañía de Jesús tampoco estarían
sujetas a sanciones.
Sin
embargo, Inch afirmó que “aunque lo legal no prospere, la Iglesia debe dar una
respuesta en lo humano”, poniendo como ejemplo el caso chileno, donde la Orden
jesuita ha puesto en marcha varias iniciativas para resarcir a las víctimas de
abuso.
En
2019, la Compañía de Jesús en Chile creó el Centro de Prevención de Abusos y
Reparación (CPR) para abordar “profesional e interdisciplinariamente” los casos
de abuso cometidos por algunos sacerdotes, acogiendo a las víctimas y “buscando
caminos de encuentro y reparación”, para hacer justicia.
El
CPR recibió —desde 2005 y hasta el 2021— 17 denuncias en contra de jesuitas, de
las cuales 11 fueron consideradas verosímiles. En total, 64 personas fueron
víctimas de los sacerdotes de la Orden: 34 menores de edad y 30 adultos al
momento de ocurrir los hechos.
Según
el sitio web de Presupuesto Abierto del gobierno chileno, entre 2016 y 2022, el
Estado ha aportado más de 99 mil millones de pesos a las distintas fundaciones
que controla la Compañía de Jesús, un poco más de 100 millones de dólares
americanos. El monto oficial que ha repartido la Orden en reparaciones
económicas a las víctimas de abuso no se ha hecho público.
El
Senado boliviano, la cuestión política y la presión gubernamental
Sobre
el seguimiento legislativo de los casos de abuso, que se ha dado desde la
Cámara de Senadores boliviana, con la creación de la Comisión Especial de la
Verdad, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) denunció que el trabajo del
senado “ha sido muy sesgado”, debido a los intentos de instrumentalización
política y presiones del partido mayoritario de gobierno.
Una
de las senadoras que conforman la comisión, Nelly Gallo Soruco, perteneciente al
partido Comunidad Ciudadana (CC) de tendencia opositora al actual gobierno
boliviano, conversó con ACI Prensa sobre el trabajo que han llevado adelante
estos últimos meses y los pasos a seguir en el futuro.
El
objetivo principal de la Comisión Especial de la Verdad es conducir una
investigación para luego elevar un informe que será puesto a disposición de la
presidencia de la Cámara de Senadores. Gallo fue enfática al señalar que la
comisión no tiene potestad alguna de imponer sanciones penales ni de administrar
justicia.
“La
Comisión Especial se ha conformado a raíz de la preocupación que surgió después
de la publicación del reportaje de El País de España”, explica la senadora
Gallo. “Empezó a funcionar en junio de este año”, añadió.
La
militante del partido Comunidad Ciudadana empezó a formar parte de la comisión
debido a los temores que tenía su partido sobre una “posible manipulación para
fines políticos” de los casos de abusos eclesiales. En total son seis senadores
los que la conforman, de los cuales tres militan en el partido Movimiento al
Socialismo (MAS), históricamente afín a Evo Morales.
“Había
una susceptibilidad de que la mayoría pudiera hacer un direccionamiento
discrecional del objetivo que tiene la comisión. Para el momento en que ingresé
ya se habían hecho varias entrevistas a los involucrados, entre ellos los
exalumnos del colegio Juan XXIII y el Defensor del Pueblo”, señaló Gallo.
La
senadora resaltó que la comisión también entrevistó a Pedro Lima, ya con ella
presente, una figura controversial y muy mediática en Bolivia, relacionada con
el MAS y que formó parte de la Compañía de Jesús.
Lima
ha denunciado en repetidas ocasiones que fue expulsado de la Orden cuando
decidió denunciar los casos de abuso. Para Gallo, el exconstituyente es una persona
que tiene “un sentimiento muy fuerte en contra de la Iglesia”. ACI Prensa se
comunicó con Pedro Lima para conocer su opinión sobre el caso y las
afirmaciones de la senadora, pero se negó a dar declaraciones.
Asimismo,
Gallo remarcó la importancia de saber entender que el tema de los abusos “es
uno delicado y de mucho cuidado”, que “lamentablemente es muy común” en la
sociedad boliviana y “que falta mucha atención de parte de las autoridades”.
Además, añadió que muchas de las leyes de protección a menores de edad “no se
cumplen a cabalidad o no son funcionales”.
“Necesitamos
que esta Comisión cumpla con ese rol, el de hacer valer la normativa
legislativa y que no se manipule de una forma político-partidaria. Que proceda
con el respeto que se merecen las víctimas y la institución religiosa dentro de
la cual se suscitaron estas situaciones tan penosas de abuso a los niños”,
indicó.
Entre
quienes están involucrados en el caso parece un secreto a voces que el gobierno
boliviano, de tendencia socialista “tiene en la mira” a la Compañía de Jesús.
ACI Prensa consultó a la senadora Gallo sobre la posibilidad de que a los
Jesuitas les sean expropiados sus bienes en el país, con el pretexto de ofrecer
algún tipo de remuneración a las víctimas.
Sobre
esto, la senadora indicó que “no podría dar un criterio de certeza, porque no
me consta”, pero que “no sería de extrañar” que el gobierno procediera de esta
manera. Gallo y su equipo afirman “estar preparados para hacer frente a una
situación así”, e indicó que si el informe final de la comisión está manchado
por intenciones políticas ajenas a su naturaleza, presentarían un “informe de
minoría” denunciando todas las irregularidades.
La
legisladora puntualizó: “Hemos visto que la Iglesia y la Compañía de Jesús han
sido muy abiertos y no han tenido intención de ocultar nada, eso ha sido una
gran ayuda para poder sacar las ideas de complicidad. Y concluyó afirmando
tajantemente que “la Iglesia no es culpable de las acciones individuales de sus
miembros”.
“Nosotros
somos firmes defensores de las libertades y de los derechos humanos,
especialmente de la libertad religiosa. Necesitamos que las iglesias sean un
centro de confianza para el ejercicio de la libertad de la fe”, afirmó Gallo.
Lo
cierto es que la libertad religiosa en el país sudamericano se ve cada día más
amenazada y muchos voceros comienzan a expresar su preocupación. El “Caso
Pedrajas” y las diversas denuncias que le siguieron podrían ser la excusa
perfecta para que el gobierno ataque abierta y definitivamente a la Iglesia
Católica boliviana. “Nos preocupa que estos casos lamentables se
instrumentalicen para perseguir políticamente a la Iglesia”, repitió Gallo.
La
crisis de abusos en Bolivia sigue proyectando su sombra sobre la Iglesia
Católica en el país, especialmente sobre las víctimas, que han parecen buscar
respuestas y justicia en vano. A medida que avanzan las investigaciones, y a
pesar de los esfuerzos de la Iglesia, todo parece indicar que el camino a
recorrer será muy largo.
En
un panorama donde la fe se tambalea, Bolivia se enfrenta a una encrucijada
dolorosa en la que la búsqueda de soluciones parece estar atrapada en un
círculo vicioso de desconfianza, lagunas jurídicas, intereses económicos y
presiones políticas.
COLOMBIANA
QUE VIAJÓ A BOLIVIA EN MOTO SE CAYÓ Y NO LA AYUDARON PORQUE "ES MALA
SUERTE"
Natalia
Varela, en su moto y sin compañía alguna, pasó por 6 países de Suramérica en 37
días. En su recorrido por Bolivia sufrió una caída y, por creer que tenía “mala
suerte”, ningún lugareño la ayudó.
Noticias
Caracol de Colombia (https://acortar.link/4nJhxr)
Natalia
Varela, una valiente colombiana de 31 años, viajó a 6 países de Suramérica en
su motocicleta, sola, durante 37 días y con tan solo $5.500.000. En su recorrido
pasó por Bolivia, allí tuvo una caída en su vehículo y ningún poblador de esa
nación la ayudó por una particular creencia cultural.
A
diferencia de los colombianos que se caracterizan por ser personas alegres,
espontáneas y por lo general con un sentido de solidaridad aún latente, según
Varela, en otros países no se vive lo mismo.
¿Qué
le pasó a Natalia Varela en Bolivia?
Dentro
de las muchas experiencias que vivió esta joven en su viaje, no olvida una que
la marcó mucho en su paso por Bolivia.
“Cuando
yo fui al Salar de Uyuni, mientras estuve en la parte de adentro, tomándome
fotos, en la parte de la entrada llovió y el terreno en la entrada es en
arcilla. Se mojó tanto que cuando salí era greda. No podía andar casi en la
moto y el guardabarros delantero se llenó de greda, a tal punto que la llanta
ya no giraba. Así yo revolucionara mucho la moto, ya la llanta no me giraba. Se
me cayó la moto y pues por el peso no podía levantarla y como estaba tan
resbaloso yo intentaba poner los pies firmes para alzar la moto, pero terminaba
siempre resbalándome y cayendo”, contó la mujer en diálogo con Noticias
Caracol.
En
este punto resultó bastante extraño para ella que pasara más de media hora
pidiendo ayuda a los bolivianos que transitaban por el sector en carros,
camionetas o motos, pero nadie paraba a auxiliarla.
La
joven, nacida en Villapinzón (Cundinamarca), narró que “finalmente pasó un
señor en un carro y paró a ayudarme, pero no era boliviano, era brasileño.
Cuando yo llegué al hotel donde me estaba quedando esa noche le conté a la
dueña del hotel y ella me dijo: 'lo que pasa es que nosotros creemos que si a
ti te pasa algo malo es porque te lo mereces, porque algo malo hiciste, y es la
forma como la naturaleza te lo está cobrando. Si nosotros te ayudamos nos va a
pasar lo mismo, entonces si yo veo que tú te caíste y te ayudo, más adelante yo
también me voy a caer'”.
En
ese momento, Natalia entendió algunas otras cosas que le habían pasado en este
país, como cuando se quedó sin gasolina y en ninguna estación le quisieron
vender por ser extranjera o cuando buscó un baño en restaurantes y cafeterías
durante unos 500 kilómetros y nadie le permitió el ingreso a uno.
“Incluso
en el restaurante donde yo almorzaba pedía servicio del baño y no me lo
prestaban. Me di cuenta que en Bolivia la gente es muy prevenida con los
turistas y con las personas que piden ayuda… porque ellos todavía están muy
arraigados a sus costumbres indígenas y creen mucho en la naturaleza”, concluyó
Varela.
A
pesar de estas experiencias a las que tuvo que sobreponerse para continuar con
su viaje, la arriesgada colombiana regresó sana y salva a casa, con muchos
aprendizajes y con ganas de volver para terminar su recorrido por Suramérica.
Ahora sueña con viajar al lado de su hija durante un año por Venezuela, Brasil,
Uruguay y Paraguay. No obstante, Varela no descarta ir también a México, Alaska
y otros países.
ENCUENTRAN
MÁS DE 3 MILLONES DE SOLES EN CIGARROS ‘BAMBA’ Y ROPA QUE ENTRARON POR LA
FRONTERA CON BOLIVIA
Diario
Correo de Perú (https://acortar.link/HiQ1aG)
La
Policía continúa imparable en su guerra contra las mafias de contrabandistas y
logró incautar mercadería de contrabando consistente en cigarrillos, prendas de
vestir de segundo uso, y útiles de aseo que ingresaron ilegalmente al país por
un monto superior a los 3 millones de soles.
En
una de las intervenciones, personal de la Policía Fiscal intervino el tráiler
con placa DMM-905 y DBC-975 que había llegado procedente de Puno. En su
interior se encontraron decenas de costales con ropa de segundo uso, así como
63 cajas de cigarrillos de fabricación paraguaya y que no tenían documentos que
acrediten su legal procedencia.
De
otro lado, cerca de medio millón de cigarrillos, así como gran cantidad de
productos de aseo personal fueron incautados como parte del operativo
denominado Tornado VII. Los productos eran trasladados en el camión de la
empresa de transportes Multiservicios Solano SAC, con placas ATH-916 y A/J-998,
que se trasladaba desde Arequipa hacia Lima.
De
otro lado, camuflados en un cargamento de frutas, la Policía encontró más de
100 mil cigarrillos que ingresaron ilegalmente al país, para ser distribuidos
no solo en negocios de la capital, sino también del interior del país.
Agentes
de la Policía Fiscal, producto de un paciente trabajo de inteligencia,
intervinieron el camión placa VOR-723 perteneciente a la empresa de transportes
de carga Sayaic EIRL, que acababa de llegar al Mercado Mayorista de Frutas
trasladando un cargamento de frutas.
Tras
revisar su interior se encontró ocultos en una caleta 9 cajas de cartón
conteniendo cigarrillos de procedencia extranjera que no tenían documentos de
su ingreso legal al país. En total se incautó 90 mil cigarrillos de fabricación
paraguaya y fabricados sin ningún control sanitario.Las autoridades comunicaron
a la 3ra Fiscalía Penal de Lima para el inicio de las investigaciones.
De
la misma forma, la Policía Fiscal decomisó cerca de 200 mil cigarrillos tras
intervenir el stand 221 de la galería La Colmena, ubicada en la Av. La Colmena
884, Cercado de Lima. Se trata de uno de los principales puntos, desde donde se
distribuye cigarrillos ilegales a mercados de la capital.
Mientras
que detectives del Depincri Bellavista, en un operativo por combatir los
delitos aduaneros y proteger la salud de los usuarios, incautó miles de
cigarrillos vencidos y falsificados en el stand 100 y 110 del mercado Señor de
los Milagros, de Ventanilla. Los encargados alegaron que compraron los
productos en Mesa Redonda, pero no contaban con documentos que acrediten el
ingreso legal de los cigarrillos al país.
Finalmente,
en el distrito de Los Olivos, personal de fiscalización de la comuna intervino
las bodegas de la calle Los Olivos N° 54, Los Jazmines de Naranjal y la calle
Aquia Mz D lote 13. Producto de la operación se encontraron cientos de
cigarrillos que en algunos casos estaban vencidos, y en otros sus cajetillas no
tenían las advertencias sanitarias ni los documentos que avalen su ingreso
legal al país.
Las
autoridades informaron que todos los productos incautados fueron fabricados en
Paraguay e ingresaron al país a través de la frontera con Bolivia por
organizaciones criminales de contrabandistas que utilizan a pequeños negocios
para distribuir la mercadería ilícita.